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Certificado de delitos sexuales italiano

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Certificado de delitos sexuales italiano
Hay algo nuevo para los que trabajan con niños y jóvenes. Es obligatorio a partir de hoy presentar el certificado antipedofilia que se llama también de delitos sexuales después de la entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 39 de 2014.
todo lo que necesitas saber para solicitar el certificado de delitos sexuales

¿Qué certifica el certificado de antecedentes sexuales?
El certificado de antecedentes penales certifica que la persona que lo presenta no ha sido condenada por delitos contra menores, es decir, por pornografía infantil y virtual, prostitución infantil, captación y turismo sexual. Los delitos son los señalados en los artículos 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies y 609-undecies del Código Penal.

¿Quién tiene que presentar el certificado de delitos sexuales?

quien está a punto de conseguir un trabajo, con un contrato regular, que implica el contacto con menores de edad de forma directa y habitual. El empleador debe solicitarlo antes de que se celebre el contrato. Por ejemplo, profesores, instructores de deportes. No lo tienen que presentar obligatoriamente, los que trabajan como voluntarios para el Onlus, las parroquias o incluso las asociaciones deportivas sin una forma de trabajo subordinado y un contrato de empleo. 

¿Se aplica también a los que ya trabajan con niños?

No. La obligación se aplica a los nuevos empleados y no a los que ya están contratados, por ejemplo, en escuelas o gimnasios.

¿Quién puede presentar la solicitud?

El trabajador directamente afectado, pero también el empresario delegado por el trabajador.

¿Dónde solicitarlo?

TRAMITE ITALIA se encarga de solicitar los formularios para sus clientes. La solicitud debe realizarse en la Fiscalía del Tribunal de referencia, oficina local del Registro de Antecedentes Penales.  Nos encargamos y aseguramos que los certificados se emitirán a los pocos días de la solicitud. 

¿Cuál es el riesgo para los que no lo presentan?


Si no se respeta la ley, el empresario se arriesga a una sanción administrativa de 10 a 15 mil euros.

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